Se trata de dueños de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. El ingreso fiscal por este concepto superó los $223.000 millones, que serán destinados a fortalecer el sistema de salud, a obras en barrios populares y a otras áreas estratégicas.
Más de 10.000 argentinos poseedores de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, lo que generó un ingreso fiscal extra de más de $223.000 millones que permitirán hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 a través de inversiones en infraestructura sanitaria, subsidios a pequeñas empresas, becas y ayudas a barrios populares y proyectos de energía, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se trata del gravamen dispuesto por el Gobierno nacional, por única vez, sobre los patrimonios de las personas más ricas del país, en el contexto de la crisis sanitaria.
“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Del total recaudado, un 20% se destinará a la compra de equipamiento e insumos para el sistema de salud; otra quinta parte, a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); otro 20%, a reforzar las becas Progresar; un 15%, a mejoras en las condiciones sanitarias y habitacionales en barrios populares, a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU); y el 25% restante, a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
Según el organismo, hubo unos 200 hipermillonarios que realizaron presentaciones judiciales para no pagar este Aporte que representa entre el 2% y el 3,5% de su patrimonio.
La AFIP aclaró que, mientras se espera la decisión de la Justicia en las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el Aporte, continúan los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas.
“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días”, se informó.
Fuente: Diariohoy
