La Pampa notificó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión del Comité de Cuenca del Río Colorado (Coirco) de solicitar un estudio de impacto ambiental como condición para autorizar la construcción de la presa.
La presentación de la vecina provincia se dio el mismo día que en Mendoza se abrieron los sobres de la licitación, con una sola empresa como interesada en la construcción de la presa.
El 26 de junio, tal como se preveía y solo con fundamentos políticos, el consejo del Coirco, en una votación que finalizó 4 a 1, exigió que para autorizar la construcción de la presa se tiene que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del río. Las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro solicitaron ese estudio, al que se opuso Mendoza.
Cabe resaltar que este trámite ya se había hecho antes en el Coirco y la votación finalizó 3 a 1 a favor de la postura de Mendoza (Neuquén estuvo ausente), siendo objetada por La Pampa y ratificada la votación por laudo presidencial y resolución de la Corte. Pero los vientos políticos aprovecharon la endeble institucionalidad argentina y ahora hicieron todo al revés.
Pese a esta última votación, el Gobierno mendocino avanzó con la licitación y abrió el sobre con la única oferta para construir la presa sobre el río Grande. Se presentó una UTE liderada por la empresa china Sinohydro, que se asoció con las mendocinas CEOSA, IMPSA y Obras Andinas.
Al mismo tiempo La Pampa se presentó ante la Corte Suprema en el expediente que está abierto desde hace dos años. «Planteamos una prueba más, como hecho nuevo, para actualizar permanentemente nuestro reclamo ante la Corte Suprema», declaró el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, según publicó El Diario de La Pampa.
A fin de este mes el Estado nacional debe cumplir con otra cuota del acuerdo con Mendoza por la Promoción Industrial y depositar 16 millones de dólares. Lo único que podría poner en riesgo estos pagos es un default argentino.
Fuente: diariosanrafael
