De acuerdo con el decreto firmado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en julio pasado, y el contrato suscripto entre el ministerio de Transporte, y la Administración General de Puertos, desde este sábado, el Gobierno nacional controla la Vía Navegable Troncal (VNT), al pasar a manos del Estado nacional, y cobra los primeros peajes.
La concesión transitoria delegada a la AGP emitió las primeras facturas del cobro de peaje, uno de los aspectos centrales del nuevo esquema que regirá hasta que el Ente de Control y Gestión adjudique la futura licitación. Con el regreso del Estado a la administración de la VNT, el Gobierno tendrá más y mejor información respecto de los procesos financieros, administrativos y operativos.
En la misma línea, la AGP comenzó el relevamiento del sistema hidrométrico para determinar el estado de los mismos e iniciar el registro de niveles acuáticos en medio de la crisis hídrica que afecta al Paraná.
Primeras tareas
La primera semana de gestión estatal contó además con la continuidad de todas las tareas de dragado y de balizamiento necesarias para sostener la operatividad de la Vía Navegable Troncal, despejando una de las principales dudas del sector privado, que pedía una transición sin interrupciones del servicio.
Mientras la AGP administra el canal fluvial, el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto, organizará en paralelo la licitación larga y adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80 por ciento del volumen del comercio exterior argentino.
Debate de alcance nacional
El proceso de finalización de la actual concesión se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, con representación del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago. Además, el organismo que conduce Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.
Fuente: infogei
