Treces agentes de la policía bonaerense y once funcionarios serán juzgados por la muerte de los adolescentes que paseaban en 2019 por San Miguel del Monte.
En la madrugada del 20 de mayo de 2019, cinco jóvenes amigos paseaban a bordo de un Fiat 147 por la localidad de San Miguel del Monte, cuando dos patrulleros de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos y a disparar contra el vehículo que, tras varias cuadras de asedio, terminó por estrellarse contra un acoplado de un camión estacionado. Cuatro de ellos resultaron muertos y ahora, luego de dos años de pericias, el Juzgado N°2 de La Plata elevó a juicio la causa conocida como la Masacre de Monte, imputando a 24 policías y funcionarios por persecución, muerte y encubrimiento policial.
El juez de garantías Eduardo Silva Pelossi rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento solicitados por las defensas de los imputados, y 23 policías bonaerenses y el entonces secretario de Seguridad del Monte serán juzgados en el Tribunal Oral Criminal N°4 de La Plata por los delitos de homicidio, encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público.
Los hechos dan cuenta de que en aquella triste madrugada, Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) paseaban en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo un patrullero de la Policía Bonaerense de la estación comunal comenzó a perseguirlos y disparar contra el auto. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del auto, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo.
Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad. Inmediatamente después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo en la escena del crimen para borrar pruebas y falsificar las actas de procedimiento.
En su resolución, contrariamente a lo expuesto por la defensa de los policías, el juez entendió que no hubo agravios ni se cercenó ningún derecho ni garantía procesal para sostener la nulidad de lo actuado. Y sobre los pedidos de sobreseimientos, sostuvo que existen en el expediente judicial elementos de mérito suficientes para considerar la participación de los imputados en los delitos que se les indilgan.
El viernes de la semana pasada, el juez Silva Pelossi ya había elevado a juicio la causa contra otros 10 imputados, cuyas defensas no se habían opuesto a la requisitoria fiscal, y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías para que se sortee el tribunal, resultando elegido para la realización del debate oral y público el Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Plata. Por tratarse del mismo hecho, la reciente elevación a juicio se radica directamente en el mismo tribunal.
El Capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez están acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público. En su resolución, el juez Silva Pelossi aclaró que estos cuatro imputados ya optaron por el procedimiento del juicio por jurados.
Otros nueve policías están imputados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: se trata de Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro.
Además, Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Y los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui por violación de los deberes de funcionario público.
El último de los imputados es Claudio Martínez, el entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público.
Además de estas elevaciones a juicio, aún queda pendiente la causa que investiga las responsabilidades de la ex Intendenta Sandra Mayol y de Nelson Barrios.
Fuente:infocielo
