El año pasado se dio por aprobada la remediación de la mina de uranio Sierra Pintada, algo que había sido solicitado hace mucho tiempo por los sanrafaelinos. El trabajo de recuperación en el territorio utilizado para la extracción de ese mineral comenzó, pero lo que se había puesto en foco era el tema de los controles, algo que ahora fue dictaminado por un juez.
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista de la Multisectorial en la Zona Sur, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael lo que resolvió el Juzgado Federal ante un pedido masivo.
«Toda esta situación de la pandemia por el coronavirus ha opacado lo que es una gran noticia para los sanrafaelinos, porque el Juzgado Federal local hizo lugar a un pedido de la Multisectorial. Concretamente lo que hizo el juez fue habilitar controles semestrales con asistencia al lugar, el primero estaba previsto para el 1 de abril, pero con esta situación sanitaria hay que ver qué pasa con esa fecha. El objetivo es informar al Juzgado sobre los avances en el trabajo de remediación y entre la Multisectorial y el Defensor del Pueblo controlar esas acciones que, al fin y al cabo, son medidas efectivas para que la totalidad de la población pueda participar en el control de esta remediación», reconoció el letrado.
Por otro lado, Gil Domínguez destacó la importancia del control en la mina y del seguro ambiental que existe para tal trabajo. «Remediaciones sin controles pueden dar lugar a contaminaciones más profundas que cuando la mina estaba en ejercicio, el seguro ambiental que existirá sirve para cubrir algún tipo de daño que pueda surgir durante el proceso», precisó.
Su opinión sobre el aislamiento obligatorio
Las medidas por el coronavirus han llevado a que varias provincias tomen medidas extremas, como fue el caso de Chaco, donde se estableció un aislamiento obligatorio para toda la población, lo que para muchos podría tomarse como un estado de sitio.
Sobre este punto, y por su condición de abogado constitucionalista, apuntó: «Hay que aclarar algo, que es que la salud pública tiene un peso ponderado que permite limitar el derecho de las personas, nuestra constitución prohíbe establecer fronteras y aduanas desconociendo el derecho de los ciudadanos de las provincias, lo que hizo Chaco lo único que hace es generar un descalabro institucional y atentar contra el sistema federal del país. Hay que respetar la institucionalidad y una medida de esta naturaleza implica generar un estado de sitio que solo puede dictar el Congreso de la Nación».
