El índice se basa en la condición de ser pobre en al menos de una de las dimensiones de alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos.
El 37,5% del país se ubica en situación de pobreza a causa de necesidades básicas insatisfechas, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) efectuado con datos de 2019 y divulgado en las últimas horas.
La pobreza multidimensional, que además de ingresos pondera otras carencias de derechos básicos, afecta en el país a por lo menos 15.750.000 personas, de acuerdo con una proyección de ese 37,5% sobre la población urbana total.
Un año antes, ese mismo indicador de la UCA se ubicaba en 31,4 %, lo que significa que en un lapso de 12 meses 1.428.000 argentinos cayeron en situación de pobreza.
El relevamiento contempla las siguientes seis dimensiones: Seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos; Conexión a cloacas, agua corriente y energía; Vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio; Sin basurales, fábricas contaminantes ni espejos de agua contaminados; Asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo; Con ingreso por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas.
Es decir, este indicador elaborado por la UCA pondera otros cinco aspectos más, a diferencia del dato sobre pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la base de los ingresos y que en el primer semestre de 2019 arrojó un porcentaje del 35,4 %.
Pese al incremento de 6,1 puntos porcentuales en un año, la UCA señaló que en algunas de las dimensiones más estructurales se produjeron mejoras entre las mediciones de 2018 y 2019.
En este sentido, las personas con carencias en conexión de cloacas, agua corriente y energía (es decir, servicios básicos) pasaron de 34 a 33,5 %, mientras que los relevados en zonas con basurales, fábricas contaminantes y/o agua contaminada (problemas medioambientales), de 33,8 a 31,2 %.
Sin embargo, las personas con déficit relacionado con una vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio pasaron de 27,1 a 27,2 %; de asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo, de 12,3 a 12,5 %, o con ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas, de 31,3 a 33 %, según reportó el diario La Nación en su página web.
El número más significativo tuvo que ver con el déficit en seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos, que en doce meses pasó de 28,2 a 32, 2 %: fue la dimensión, de todas las que conforman el indicador, que más empeoró. (NA)
