La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que nuclea a todas las agencias de viajes argentinas, presentó un amparo mediante el cual solicita que la justicia declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 del punto con el que el gobierno de Javier Milei pretende derogar el régimen general de los agentes de viajes (Ley 18.829).
“Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector«, dijo el presidente de esa entidad, Andrés Deyá, a través de un comunicado.
De este modo, Faevyt se suma a las organizaciones que presentaron un amparo contra el mega DNU haciendo hincapié en la necesidad de salvaguardar el trabajo de las agencias de viajes operativas y, en simultáneo, seguir manteniendo los derechos de los turistas.
Y, remarcó que «la desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros”.
Deyá explicó en el texto que “la oferta de servicios turísticos sin control alguno habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”.
Asimismo, la Faevyt adelantó que trabajan en la consolidación de su sello de calidad así como en otras herramientas que le darán aún más seguridad a las empresas de viajes y a los pasajeros.
“Somos uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina. Hay más de 5.000 agencias registradas en todo el país, son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los usuarios, por eso avanzamos con este amparo solicitando que esta medida se declare inconstitucional”, destacó el comunicado.
«A nuestro criterio, mejorar la competitividad no significa la eliminación de todo registro, ya que la existencia de un control concreto disminuye la cantidad de casos que van a defensa de consumidor y protege a los pasajeros garantizándoles que están contratando servicios en agencias habilitadas, capacitadas y constituidas por profesionales idóneos para dar respuesta», expresó la entidad.
Por su parte, el Foro Argentino de Consultores & Empresas de Viajes (FACVE) se expresó en línea con lo divulgado por FAEVYT. La organización señaló que «las agencias y otros actores de la industria de viajes generan un gran aporte a la economía del país y a la generación de empleo y se ajustan a todos los requerimientos que a nivel local e internacional son necesarios para desarrollar la actividad de manera profesional e idónea y acorde a las normativas vigentes».
Fuente: crónica
