El Gobierno nacional oficializó la medida que extiende la prohibición del corte del servicio de energía de Edenor y Edesur.
El Gobierno nacional finalmente oficializó la decisión de extender la prohibición del corte del servicio eléctrico a las personas que sean usuarias de Edenor y Edesur y que tengan deudas previas al 28 de febrero.
La medida de Ente Regulador de Electricidad (ENRE) formalizó la a través de la resolución 58/2021, publicada en el Boletín Oficial, en la que se instruyó a Edenor y Edesur a que «se abstengan de suspender el suministro a aquellas personas usuarias» que tengan deuda originadas por las restricciones adoptadas desde marzo de 2020.
A partir de las diversas instancias con asociaciones de usuarios, las multisectoriales, las cámaras de comercio, los municipios, las organizaciones sociales y entidades como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, la Intervención del Ente registró «las campañas de intimación de pagos con amenaza de corte de suministro llevadas a cabo por las distribuidoras».
La resolución estableció también que las empresas deberán informar el monto que las personas usuarias mantienen como saldo adeudado, al 31 de diciembre del 2020, y las deudas que se originaron entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, para que dichos montos puedan ser percibidos conforme a las pautas que establezca el Ente.
Asimismo, a fin de que las personas usuarias puedan abonar los consumos actuales evitando incurrir en nuevas deudas, se instruyó a las concesionarias a que emitan la liquidación de servicio público incluyendo únicamente los importes correspondientes a los consumos del período, la carga impositiva y, si corresponde, las cargas municipales.
Esta decisión busca «velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas usuarias», expresó el ENRE.
«Del mismo modo, tiende a evitar la exclusión de numerosas personas usuarias de los servicios públicos de energía eléctrica, lo cual significaría un agravamiento del perjuicio social producido por la pandemia», concluyó el organismo.
Fuente:infocielo
