Los productores rurales de la localidad aprovechan la falta de controles y los vecinos sufren las consecuencias de salud. A pesar de una cautelar, las fumigaciones se dan a metros de sus casas.
En Mar Chiquita, las y los vecinos ya no saben qué hacer para frenar las fumigaciones, o que al menos se respete una cautelar que impuso la justicia, para que las mismas se apliquen a 1.500 metros de la zona urbana.
En el último mes, pudieron filmar, sacar fotos y denunciar formalmente varios casos de pulverizaciones a tan solo 70 metros de sus viviendas. El resultado fue la intoxicación de una vecina, que tuvo que acudir a un médico por una inflamación de laringe.
El primer caso documentado se dio a manos de los dueños del establecimiento Surco, quienes aplicaron venenos químicos de uso agropecuario a nada más que 70 metros de la población, desobedeciendo la cautelar del juez Casas, y al mismo tiempo, pasando por alto la ordenanza que los propios productores diseñaron (en donde se plantean la polémica distancia de 150 metros).
Por increíble que parezca, los vecinos de Mar de Cobo buscaron formalizar la denuncia ante la policía Ecológica, pero aseguran que recibieron “distintas respuestas evasivas” por parte de las autoridades, que ni siquiera acudieron al lugar.
La segunda fumigación ilegal se dio el 16 de septiembre en un campo que da a la ruta 11, frente a la localidad de Camet Norte. Allí una vecina sufrió los efectos de la intoxicación por los productos químicos arrojados, y tuvo que acudir de urgencia a un médico.
“Salí a andar en bicicleta junto con mis amigos y vi un mosquito que estaba tirando algo. Como el viento venía de ese lado sentimos el olor a químico, lo que tiraba no era agua claramente”, contó Valeria.
“Sin querer inhalé todo lo que estaban tirando y después continué mi actividad. En ese momento sentí el olor. A los minutos se me empezó a cerrar la garganta, a resecar y a picar. Yo no soy alérgica. La garganta se me secó y sentí un gusto metálico en mi boca. Tenía tos. Después de unas horas comencé a tener taquicardia, dolor de cabeza. Me acerqué a un médico porque me asusté. La garganta estaba irritada y me ardía”, contó la vecina, que indicó que el médico le aseguró que había sufrido una laringitis producto a la exposición con alguna sustancia.
La distancia mínima entre el campo fumigado y la población.
Como si fuera poco, otros vecinos de Mar Chiquita, en la zona de la Quinta Atlántica, frenaron a un mosquito que estaba fumigando a nada más ni nada menos que 20 metros de su casa.
Diego, uno de los vecinos, cuenta que esto “pasa año tras año en esta época” y relata que “el agua que obtienen de los pozos, luego de 5 o 10 días de las fumigaciones toma olor a podrido”.
La inacción del gobierno municipal a cargo de Jorge Paredi (Frente de Todos) parece dar vía libre a estas prácticas que están poniendo en peligro a su propia población. Prueba de esto es que –a pesar de haber sido denunciado la presencia del mosquito a 20 metros de una vivienda- tan solo al día siguiente la máquina volvió a aparecer en un campo aledaño para seguir fumigando. En esa oportunidad, un vecino aseguró que una de sus gallinas murió súbitamente.
Certificado médico de la vecina afectada por los agrotóxicos.
Por estos nuevos atropellos contra la salud de la población, vecinos y ambientalistas del partido de Mar Chiquita realizarán una nueva caravana este sábado 3 de octubre para visibilizar el reclamo y exigir que se respete la cautelar que impuso el Juzgado Nº 15 de Mar del Plata.
“Este nuevo ataque hacia los pobladores que decidimos no seguir mirando pasivamente como destruyen nuestra salud, nuestros bienes comunes y el futuro de las próximas generaciones que habiten este suelo. Este ataque no es solo contra el pueblo marchiquitense, sino contra todos los que buscamos cambiar esta realidad de ecocidio en la que estamos viviendo”, manifestaron desde la Asamblea “Paremos el Desierto Verde”, quienes al mismo tiempo se encuentran denunciando los intentos de construcción de un barrio privado en medio de una reserva natural.
De hecho, son los y las propias vecinas del lugar quienes están empezando a encabezar un estudio epidemiológico propio para conocer de estadísticas y saber cuántas personas afectadas existen en el partido de Mar Chiquita por la exposición a los agrotóxicos.
UNA ORDENANZA HECHA A MEDIDA PARA EL AGRONEGOCIO
En Mar Chiquita, una polémica ordenanza aprobada en el mes de mayo en el Concejo Deliberante local, habilitó fumigar con diferentes agroquímicos a tan solo 150 metros de centros urbanos y rurales, pero eso todavía no pudo ser realidad debido a una medida cautelar que todavía mantiene el juez Héctor Fabián Casas, del juzgado Civil y Comercial Nº 15, quien por el contrario estableció un límite de 1.500 mts para las pulverizaciones en los campos.
Por eso, el pasado 14 de septiembre uno de los abogados que representa al sector del agronegocio en Mar Chiquita, Javier Viadas, pidió el apartamiento del magistrado.
Eso generó un rápido repudio de parte de la población local y de grupos ambientalistas, que ven en el juez la única chance para que no se aplique una ordenanza que –aseguran- permitirá que se fumigue “sin ningún tipo de control” y “expondrá a las personas a muchas enfermedades”, a sabiendas de que ya son muchos los estudios (como el que aportó la Organización Mundial de la Salud) que determinaron que la exposición hacia los agrotóxicos son los causantes de diversas malformaciones, enfermedades respiratorias y de piel, y distintos tipos de cáncer.
Pero el pedido de recusación del juez Casas tiene todo un trasfondo llamativo que deja en claro un conflicto de intereses. El abogado Javier Viadas representa a empresas demandas en la causa, como lo es Surco SA, la cual explota el campo La Esperanza en sociedad con Los Grobos SA.
Se tratan de las empresas que han enfrentado las decisiones de la justicia y fueron junto con Viadas y la propia Sociedad Rural local, los que redactaron el texto del proyecto de ordenanza para habilitar las fumigaciones a 150 metros, el cual posteriormente fue aprobado en el HCD local.
Fuente:infocielo
